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Lunes, 01/09/2014
   
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TSJ ratifica inhabilitación administrativa de Leopoldo López.:.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aclaró que la inhabilitación de Leopoldo López "es administrativa y no política".


El magistrado ponente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Arcadio Delgado Rosales, declaró este lunes inejecutable el fallo emitido el 1 de septiembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre el caso Leopoldo Lopez donde era habilitado para lanzarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales o cualquier otro cargo de elección pública.

La Sala Constitucional del TSJ aclaró que la inhabilitación de Leopoldo López es administrativa y no política, por tanto decretó inejecutable el fallo a su favor de la Corte IDH.

La Sala del máximo tribunal de justicia de país aclaró que la inhabilitación administrativa no le impide al político ejercer derechos políticos consagrados en la Constitución, como el derecho al sufragio y asociación política. En tal sentido, sólo lo eximiría de ejercer temporalmente el ejercicio de la función pública.

 

MUD denunciará ante la OEA "desacato flagrante" de sentencia

Por medio de un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática, le reiteró al Estado venezolano que está obligado a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "La Mesa de la Unidad Democrática, a través de la Secretaría Ejecutiva, denunciará ante el Secretario General de la OEA, los gobiernos y los países miembros de esa organización este desacato flagrante", afirmaron.

 

COMUNICADO SOBRE DECISIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL EN EL CASO LEOPOLDO LÓPEZ

La decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, confirma lo que habían anunciado, en coro de voces rojas, el Presidente de la República, ministros del ejecutivo, la Contralora, la Fiscal, la Defensora del Pueblo, el Procurador, diputados del PSUV e incluso la propia Presidenta de la Sala, en otra vergonzosa muestra de dependencia política de los poderes públicos contra, lo dispuesto en la Constitución.

Como hemos afirmado en reiteradas oportunidades, el Estado venezolano está obligado a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con instrumentos de Derecho Internacional suscritos por Venezuela, los cuales forman parte de nuestra Constitución según los artículos 23 y 31 de la misma.

Nuestros derechos como venezolanos tienen un aspecto objetivo, consistente en su reconocimiento y garantías en la Constitución, las leyes, y en este caso, las normas de las organizaciones políticas, como el Reglamento de Selección de Candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, que así lo establecen. Y un aspecto subjetivo, que se refiere a la responsabilidad personal del titular de esos derechos al ejercerlos.

La Mesa de la Unidad Democrática, a través de la Secretaría Ejecutiva, denunciará ante el Secretario General de la OEA, los gobiernos y los países miembros de esa organización este desacato flagrante, así como lo hará saber a organismos internacionales y personalidades del mundo, pues dibuja de cuerpo entero el talante antidemocrático y antijurídico de quienes nos gobiernan. En cuanto corresponde a nuestro deber como venezolanos, vemos esta deplorable sentencia como otra razón para producir un cambio, pacífico, democrático y constitucional en nuestro país.

 
















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