Una marcha este jueves en Phoenix contra la ley antiinmigrantes de Arizona dejó decenas de detenidos, mientras que la gobernadora de ese estado apeló contra la decisión judicial de bloquear las partes más polémicas de esa norma.
La protesta se produjo pese a que la legislación entró en vigor este jueves sin las disposiciones que en la práctica declaraban la inmigración ilegal como un delito estatal en Arizona, estado fronterizo con México.
Esas disposiciones fueron suspendidas el miércoles por la jueza federal de Phoenix, Susan Bolton, tras la presentación de una demanda contra le ley por parte del gobierno del presidente Barack Obama.
En momentos en que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien promulgó la ley el 23 de abril, apelaba la decisión de Bolton, cientos de iracundos manifestantes se enfrentaron con la policía antimotines en Phoenix.
Grupos defensores de los derechos civiles instaron a las escuelas públicas, a la población, a los gobiernos de las ciudades y a la policía local a no cumplir con esta ley, con una marcha que fue desde la iglesia hasta las oficinas del sheriff del condado, Joe Arpaio.
Agitando banderas mexicanas y estadounidenses y cantando canciones, los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer: “Cesen las redadas, no más expulsiones” y “Dejen de cazar a los inmigrantes ya”.
Cuando llegaron al edifico del sheriff Arpaio, que suele presentarse a sí mismo como un hombre duro y despiadado cazador de inmigrantes ilegales, la policía los esperaba con sus uniformes antidisturbios.
Una docena de manifestantes se encadenaron a las puertas de la cárcel del condado de Marcopia, hasta que ayudantes del sheriff salieron del edificio y los llevaron dentro, constató un corresponsal de la AFP.
Arpaio había advertido que aquellos que causaran disturbios serían arrestados, y las autoridades de Phoenix (capital de Arizona) indicaron a la AFP que se habían registrado cerca de dos docenas de detenidos.
“Todos estos manifestantes que vienen aquí de donde sea y los críticos locales no van a cambiar la manera como Arizona o su sheriff lucharán contra nuestro problema de inmigración ilegal”, señaló Arpaio en un comunicado.
Grupos de hispanos, liderados por latinoamericanos, afirman que esta ley traerá como consecuencia la discriminación racial.
Pero funcionarios de Arizona argumentan que el gobierno federal ha fracasado en asegurar las fronteras, por lo que se ven superados por la inmigración ilegal.
Brewer prometió llevar el caso, de ser necesario, hasta la Suprema Corte.
“Si el gobierno federal quiere hacerse cargo de la inmigración ilegal sin ayuda de los estados, entonces necesita hacer el trabajo”, dijo Brewer en un comunicado, y agregó que “Arizona no enfrentaría este problema si el gobierno federal cumpliera con sus responsabilidades”.
Se estima que en Arizona habitan unas 460.000 personas indocumentadas de los 11 millones de inmigrantes ilegales que residen en Estados Unidos, la mayoría de ellos hispanos.
292.663 inmigrantes ilegales fueron deportados en lo que va del año fiscal, luego de que el año pasado se alcanzara la cifra récord de 389.834 deportados, según cifras oficiales divulgadas este jueves.
La victoria que el fallo de Bolton implicó para el gobierno de Obama podría no obstante tener un efecto búmeran, dijeron legilsadores demócratas.
“Si tu impugnas esto judicialmente, y luego asumes la responsabilidad y el control de la política migratoria, pero no la haces cumplir ni la arreglas y reformas, eso tendrá un impacto negativo”, indicó el legislador de Illinois Luis Gutierrez, uno de los principales defensores de la reforma migratoria en el Congreso.
Pese a que Obama prometió una reforma migratoria que abra un camino para legalizar a los indocumentados en Estados Unidos, la Casa Blanca admite que no cuenta con los votos para aprobarla en el Congreso.